El pasado martes 14 de abril las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia atacaron con explosivos y armas de fuego a un grupo de soldados del Ejército colombiano (el Batallón de Combate Terrestre de la Fuerza de Tarea Apolo) en el departamento de Cauca, al norte del país, acabando con la vida de 11 de ellos y unos 20 heridos. Tal acontecimiento ha alterado significativamente las negociaciones de paz que tratan de acabar con este conflicto armado de más de 50 años de duración y unas cifras oficiales de al menos 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados.
Pese a que desde el 20 de diciembre de 2014 se acordase una tregua, uno de los representantes del grupo subversivo, Pastor Alape, argumentó que el ataque fue debido a la incoherencia del Gobierno «que está ordenando operativos militares contra una guerrilla en tregua» y agregó: “el país está esperando la noticia del cese bilateral de fuegos, señor presidente«.
Por su parte, Juan Manuel Santos, ha reanudado los bombardeos sobre las posiciones de las FARC como respuesta y, aunque declaró no amedrentarse ante las circunstancias, tampoco quiere perder todos los avances conseguidos hasta el momento en las negociaciones de paz. Algo muy cuestionado por la opinión pública e incluso por el mismo presidente que manifestó la imposibilidad de conseguir una paz verdadera mediante la impunidad. También declaró que el sistema de justicia transicional debe ser compatible con el ordenamiento jurídico nacional e internacional y que confía en recibir pronto disculpas por parte de los guerrilleros: «El incidente fue producto de un ataque deliberado, no fortuito, de las FARC y esto implica un claro rompimiento de la promesa de un cese al fuego unilateral«, expresó Santos. «He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden«. Y así fue, el sábado 18 de abril, la Fuerza Aérea Colombiana demolió una fábrica de explosivos de las FARC en el departamento del Meta asesinando a dos de sus guerrilleros.
Los rebeldes a través de una carta insistieron en que lo acontecido en el Cauca fue una tragedia y aseguraron que mantendrán la tregua unilateral indefinida reservándose siempre el derecho a la legítima defensa. «Al que está quieto hay que dejarlo quieto«, decían literalmente sus palabras.
El ex presidente de Uruguay, José Mujica, ha confirmado que mediará en las negociaciones de Cuba. Ya desde 2013 describía la dificultad de mantener una unidad global y la necesidad de que se den las condiciones adecuadas para complacer a ambas partes. Fue entonces cuando entabló los primeros acercamientos con los guerrilleros a los que demandaba serenidad y planteamientos posibles para la mesa de negociaciones. En 2014 añadió que nunca se había estado tan cerca de conseguir una paz auténtica en la región. Según los acuerdos establecidos, en caso de lograr un desarme total y el cese al fuego bilateral definitivo, el Gobierno agruparía a los 6.200 guerrilleros en 20 zonas controladas por las Fuerzas Armadas para desmovilizarles y reintegrarles en la sociedad. Serían aprovisionados con agua, alimentos y todo lo necesario para su subsistencia a cambio de comprometerse a no cometer más delitos.
Sin embargo, las FARC presentaron este viernes 24 de abril cinco propuestas para apresurar las conversaciones. En primer lugar, demandan la difusión y análisis del informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas para concretar las responsabilidades de ambas partes. También solicitan el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo y todas sus actuaciones durante los últimos años. Un arduo proceso que no puede trastornarse por las oscilaciones de la política interna, es decir, algo realmente complicado pues la guerra sólo cesará cuando la desigualdad dominante en el país se erradique finalmente.