El periodista australiano de 49 años, Peter Greste, reportero de Al Jazeera, ha sido deportado después de pasar 400 días en prisión preventiva. Fue imputado por apoyar a los Hermanos Musulmanes al difundir noticias falsas que perjudican la imagen de Egipto. El presidente, Abdelfatá al Sisi, aprobó la petición de las autoridades australianas de liberar al reportero a través de un decreto presidencial el pasado 1 de febrero.
Greste fue condenado a siete años de prisión en diciembre de 2013 junto a otros dos compañeros de la cadena: el egipcio Baher Mohamed y el canadiense con nacionalidad egipcia, Mohamed Fahmy. No obstante, presionados por numerosas demandas de apoyo, el tribunal de casación egipcio ordenó la celebración de un nuevo juicio.
El periodista aunque declaró sentirse “eufórico” por la resolución del tribunal, expresó su inquietud por los compañeros que permanecen en prisión. Aseguró que continuaría con la campaña de liberación. Además, su futuro es incierto al llegar a Australia puesto que podría ser condenado por los cargos imputados en Egipto. El presidente al Sisi promulgó una ley en noviembre de 2014 en la que los extranjeros condenados en Egipto podrían ser deportados para cumplir la pena en sus países de origen, aunque esto parece poco probable.
Además de negar la acusación, Greste y sus colegas cuentan con el apoyo de diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos. Según argumenta el director general de la cadena catarí, Mostefa Souag, estos reporteros han sufrido las consecuencias del conflicto entre la cadena y el estado egipcio que considera que las informaciones difundidas por este medio son sesgadas y apoyan las doctrinas de los Hermanos Musulmanes. La cuestión más controvertida es el caso de Baher Mohamed que parece tener las cosas más complicadas que sus compañeros al no poseer doble nacionalidad. Para ser liberado Fahmy sólo tendrá que renunciar a su nacionalidad egipcia, algo que Baher no puede hacer. Además de esta discriminación, también fue condenado a tres años más que sus compañeros.
Esta situación ha revolucionado las redes sociales que reclaman justicia en las cárceles egipcias saturadas de participantes en actos de protesta contra el régimen y activistas laicos, no sólo simpatizantes de Hermanos Musulmanes. La mejor muestra de esta represión inclemente es el asesinato de 15 activistas entre los que destaca el caso de Shaima al Sabagh, líder de la Alianza Popular Socialista que fue tiroteada por participar en los actos conmemorativos del cuarto aniversario de la revolución egipcia de 2011.
Por todo ello, diferentes estados y organizaciones como Naciones Unidas o Estados Unidos, condenan este tipo de procesos judiciales al considerarlo un proceso político en represalia por el supuesto apoyo de Qatar a Morsi. Han encarcelado a más de quince mil simpatizantes y no deja de aumentar el número de periodistas asesinados, lo que evidencia la falta de libertad de expresión en el país. El Comité de Protección de Periodistas clasificó en 2013 a Egipto como el tercer país más peligroso del mundo después de Siria e Iraq. Mientras tanto, el gobierno egipcio considera más importante estimular la economía antes de iniciar reformas políticas y se defiende de las críticas por sus constantes violaciones de derechos fundamentales catalogando de terrorista cualquier apoyo a los Hermanos Musulmanes.
