Alrededor de dos mil ciudadanos se manifestaron el pasado jueves 6 de febrero en las calles de Río de Janeiro debido al aumento de un 9% en el precio del billete de autobús. La subida supone unos 10 céntimos de euro aproximadamente, de 2,75 reales a 3.
La protesta, a pesar de ir escoltada por un grupo de Policías Militares, y empezar de forma pacífica acabó con serios enfrentamientos al desatarse la violencia cuando los manifestantes entraron en masa en la estación central de la ciudad. Los rebeldes esquivaron las medidas de seguridad sin pagar el billete correspondiente, mientras gritaban: «Si el pasaje aumenta, Río va a parar» y «Salta, que esto es gratis» animando al resto de los presentes a actuar de igual modo.
La Policía utilizó gases lacrimógenos para disipar a los manifestantes y éstos respondieron lanzando piedras y artefactos explosivos. Uno de estos artilugios, alcanzó directamente la cabeza del cámara de la televisión brasileña Bandeirantes, Santiago Idílio Andrade, hiriéndole de gravedad. Las primeras suposiciones determinaban que el proyectil había sido arrojado por la Policía, sin embargo, las últimas investigaciones revelan que el culpable fue un manifestante.
La presidenta del Sindicato de Periodistas de Río, Paula Mairan, ha responsabilizado de lo sucedido tanto a la emisora para la que trabajaba Andrade como al Estado. Ambos no aportaron las medidas de protección necesarias que requería esta situación de riesgo. «Estamos, desde el año pasado, apuntando a la falta de políticas públicas para garantizar el ejercicio del periodismo con seguridad. Es responsabilidad de las autoridades y de las empresas», ha asegurado.
Andrade pese haber sido sometido a una neurocirugía, permaneció cuatro días en coma hasta fallecer finalmente el pasado lunes por muerte cerebral. En los famosos carnavales del país ya se ha rendido tributo a tan dramático acontecimiento dirigido por la banda de periodistas `Imprensa que eu gamo’ que agrupó cerca de 15.000 personas. Los participantes reclamaban la condena de la violencia en las protestas que desde junio no dejan de sucederse en Brasil.
El ministro de Justicia del país, José Eduardo Cardozo, ha presentado un proyecto de ley en el que se permita sancionar cualquier acto de violencia en manifestaciones populares. Se espera que sea aprobado antes de que comience el Mundial de Fútbol de 2014, “la idea es contar con una ley equilibrada, sin excesos, que tenga como base la democracia brasileña, que no acepta actos ilícitos ni tolera la violencia”. El proyecto no restringe ninguna libertad civil y garantiza todos los derechos.
En un país considerado “futbolero” y cuyos habitantes tienen fama de despreocupados, se está demostrando que esto no son más que estereotipos. Las protestas a pesar de estallar por motivos señalados como las subidas de precios, en realidad tienen como objetivo final la denuncia de las deficiencias en áreas como la sanidad, la educación o el transporte. Desde que todo comenzase durante la celebración de la Copa Confederaciones, las manifestaciones no parecen llegar a su fin. Los agitadores reclaman a la presidenta Dilma Rousseff el excesivo gasto invertido en los preparativos del Mundial y en los Juegos Olímpicos de 2016, ya que según los últimos reportes de prensa, los gastos del Mundial aumentaron en más de tres mil millones de dólares. Además, los participantes también cuestionan las altas cifras que suponen otros gastos complementarios como la inversión de unos 500 millones de dólares en tareas de entrenamiento y equipamiento para la seguridad pública, además de los escándalos por corrupción en la construcción de las infraestructuras. Parece que la diversión y los ingresos asegurados en estos macro-eventos les interesan poco a los brasileños.
