El presidente cubano Raúl Castro ha dado un nuevo paso en el proceso de reformas estructurales para mejorar la situación del país. Se trata de un nuevo marco legal para la inversión extranjera aprobado el pasado sábado 29 de marzo por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sustituye la ley 77 de 1995 aprobada tras la caída de la URSS para fomentar nuevos mercados con potencias extranjeras.
Esta nueva legislación se debe a las continuas quejas que diferentes compañías han expresado durante los últimos años. La falta de garantías, los impuestos elevados, el retraso en los pagos y la falta de libertades para negociar tanto con los empleadores como con los importadores son algunas de ellas. Por ello, se ha decidido revisar las cuestiones de seguridad jurídica, ampliar las áreas de inversión y fomentar los beneficios impositivos. Además, las inversiones no podrán ser expropiadas, salvo casos excepcionales expuestos por el Consejo de Ministros, con la consiguiente indemnización de mutuo acuerdo -un asunto un tanto sensible debido al triunfo de la Revolución de 1959 que confiscó todas las empresas de capital foráneo sin resarcimiento económico-.
Cuba admitirá inversión extranjera en todos los ámbitos excepto en educación y sanidad para mantener la garantía de gratuidad. Tampoco en instituciones armadas ni en medios de comunicación ya que la propia Constitución prohíbe que estos sean de propiedad privada. La ley también posibilita la participación de los inversionistas extranjeros en parcelas del servicio público.
Según el periódico Juventud Rebelde, «sobre las modalidades de inversión extranjera que se aplicarán, el Proyecto de Ley propone que sean realizadas en calidad de empresa mixta, contrato de asociación económica internacional o empresa de capital totalmente extranjero».
Los cubanos que viven fuera de la isla también podrán beneficiarse de esta nueva ley pues el texto define al inversionista extranjero como una persona natural o jurídica con residencia o capital en el extranjero. Ni si quiera se específica nada de los cubanos estadounidenses. No obstante, su alcance está restringido por la legislación territorial de EEUU, que desde el embargo de 1963, impide a cualquier ciudadano norteamericano invertir en la isla. Por lo que el profesor José Gabilondo de la Universidad Internacional de Florida ha declarado que: «En este momento la posibilidad de que los grandes capitales cubano-estadounidenses sean invertidos en Cuba es distante». Lo que no deja ninguna duda es el impedimento de que sean los propios cubanos quienes inviertan en el país.
En cuanto a los impuestos, la nueva legislación los reduce a la mitad. Mientras antes se contribuía con un 30% sobre los beneficios obtenidos, ahora sólo supondrán un 15%. Sin embargo, esta cifra puede ascender hasta el 50% cuando se trate del aprovechamiento de recursos naturales. Asimismo, los inversores podrán ser favorecidos con bonificaciones de hasta el 50%.
Pese a todos estos avances, hay ciertas cuestiones bastante comprometidas como la renuncia del gobierno cubano a controlar el 51% de las empresas mixtas como ha venido haciendo hasta ahora. Otro punto polémico se refiere a la contratación de empleados locales en las compañías extranjeras que tendrán que ser autorizadas por el Estado.
La edición digital de la revista OnCuba indicaba que «el proyecto de ley tiene por objeto facilitar la participación de capital extranjero, al sacudir los fantasmas del autoritarismo y la falta de garantías». O como ha expresado José Gabilondo: “Es el paso para que Cuba le diga al mundo que no ha perdido la capacidad comercial”. Sin embargo, la realidad es que el país se encuentra en una profunda crisis de la que necesita salir cuanto antes aunque para ello tenga que agarrarse a los fundamentos de su tan odiado capitalismo
