Después de las revelaciones que la revista Semana publicó sobre las escuchas ilegales del Ejército a los negociadores de paz del Gobierno colombiano, se han vuelto a interceptar nuevas conversaciones entre periodistas con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana. En dichos diálogos, el grupo insurgente ordenó, supuestamente, incrementar los ataques para gestionar mejor la situación en Cuba.
Según la cadena Blu Radio, las conversaciones fueron captadas por hackers de la inteligencia militar del país desde un restaurante autorizado para realizar este tipo de labores desde 2012. Sin embargo, muchos profesionales de la información han denunciado la ilegalidad de estas escuchas aludiendo al derecho de protección de fuentes del periodismo. No obstante, algunos de los reporteros grabados han asegurado no dar mayor importancia al suceso pues asumen que las FARC son un blanco habitual de los servicios de inteligencia.
Las declaraciones del máximo líder de la banda, ‘Timochenko’, aseguran que estas revelaciones son sólo un intento de denigrar a la organización e impedir que avancen los diálogos de paz. También atribuyó las filtraciones al interés de sectores castrenses de mantener el estado de guerra y desviar la atención sobre sus problemas internos. “Se intenta mediante la sucia difamación de nuestra organización revolucionaria, impedir que sigan acercándose las posiciones entre el gobierno nacional y las FARC para alcanzar el fin del conflicto y la paz con justicia social, se busca desviar la atención sobre los verdaderos intereses de buena parte de los mandos de las fuerzas militares colombianas, que insisten en continuar con una guerra que los enriquece y envilece al precio de la sangre y la miseria de millones de colombianos, incluido el sufrimiento de sus propias tropas”, expresa el comunicado.
El Presidente Juan Manuel Santos junto con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón que ahora es comandante de las Fuerzas Militares, se defendieron argumentando que el espionaje a enemigos del Estado, como terroristas, narcotraficantes o secuestradores, es una obligación. “Las fachadas se utilizan de manera permanente y legal para salvar vidas y proteger los derechos de los colombianos”, aseveró Pinzón.
Este escenario tan confuso culpabiliza a unos y a otros creando un clima de desconfianza desmedido en el país. Se cuestiona al estamento militar de oponerse al proceso de paz y también al ex presidente Álvaro Uribe, por sus antecedentes de 2013 cuando filtró las coordenadas de una recogida de dos miembros de la guerrilla en La Habana, simulando que alguien de las Fuerzas Armadas estaba pasándole información. El ex mandatario no sólo negó estar implicado sino que también exigió sinceridad al Gobierno “La mayor corrupción de este Gobierno es ocultar, es distraer a la opinión, es poner cortinas de humo”. Uribe aseguró respetar la facultad del Presidente de realizar los cambios oportunos pero consideró innecesario que dichas negociaciones se adecuasen a las pretensiones de las FARC. En una entrevista con Caracol Radio, el senador Juan Carlos Vélez, calificó de esperanzador el futuro que aguarda a la guerrilla después de los cambios producidos en la cúpula militar por los escándalos de corrupción. Menos espinoso es predecir las repercusiones de estos acontecimientos a una escala global entre los ciudadanos. De acuerdo a un sondeo realizado por la misma emisora, el voto en blanco lidera todas las encuestas de intención de voto de las próximas elecciones presidenciales del 25 de mayo, y establece que el 40% de los seguidores de esta iniciativa tratan, de este modo, de expresar su inconformismo con lo sucedido.
