El próximo 18 de mayo expirará el actual programa de asistencia financiera concedido a Portugal en 2011 por la Troika (FMI, Comisión Europea y Fondo europeo de estabilidad) que evitó con 78.000 millones de euros la bancarrota del país. Con motivo de la finalización de éste, el Gobierno portugués y los representantes de la troika ultiman el programa de ajustes que el ejecutivo luso deberá poner en práctica hasta 2018.
El Ejecutivo de Pedro Passos Coelho (Partido Social Demócrata -PSD) presentó el pasado 30 de abril ante sus acreedores su hoja de ruta para el país hasta 2018. Según reza el documento éste «representa el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad de las cuentas públicas en un horizonte que va más allá del programa de asistencia financiera que concluye ahora”. El texto tendrá que ser aprobado por el parlamento portugués (donde los socialdemócratas tienen mayoría absoluta) y por Bruselas. La reunión coincidió también con la décimo segunda y última evaluación de las cuentas portuguesas.
En el documento presentado por el ejecutivo luso se prevé que Portugal vuelva a crecer anualmente entre un 1,2 y un 1,8 % y que el paro se reduzca hasta el 13,2 %, dos puntos por debajo de su cifra actual. Se propone también una subida del IVA (del 23 al 23,25 % en 2015) y de los impuestos a pagar por los trabajadores -tanto públicos como privados- en su salario a la Seguridad Social, del 11 al 11,2 %. Esta batería se ajustes se ha tratado de compensar con la inclusión de medidas paliativas de los recortes extraordinarios implementados en los últimos años. Algunas de estas son la progresiva eliminación de las rebajas salariales al sector público –para alcanzar la reposición total en 2018- y la sustitución de la llamada “contribución extraordinaria” que pagaban los pensionistas que recibían más de mil euros al mes por una “contribución de sostenibilidad” de carácter permanente. Según subrayó en la reunión la ministra de finanzas Maria Luís Albquerque, es posible compensar esta reducción de ingresos de las arcas públicas por la vuelta de la confianza de los inversores tras los severos ajustes realizados por el ejecutivo para controlar el déficit presupuestario.
El objetivo principal de cara al final del rescate para el ejecutivo luso y la para la Troika es encontrar la manera de reducir progresivamente el déficit público hasta dejarlo a cero en 2018, lo que colocaría sus cuentas públicas en equilibrio, algo inédito desde la llegada de la democracia, hace cuatro décadas.
Precisamente, la reunión sucede a la celebración el 25 de abril del cuarenta aniversario de la llegada de la democracia tras la revolución de los claveles en 1974, lo que ha suscitado infinidad de balances dispares sobre la situación política, social y económica del país. Hasta el momento el clima de entendimiento entre el Ejecutivo conservador y el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, ha sido el signo característico de la gestión de la crisis económica y la implementación de los ajustes que acompañan al rescate financiero. Por el contrario, las protestas y críticas sociales no han cesado durante los tres años de rescate con un total de cuatro huelgas generales y numerosas manifestaciones contra la privatización de servicios básicos como el transporte o la sanidad.
