En el año 2013 se aprobaba en España la llamada “Ley de Transparencia” que regula el derecho de las y los ciudadanos a acceder a la información del conjunto de las Administraciones Públicas. Sin embargo, un informe recogido por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y elaborado por Tuderechoasaber.es ha reflejado que en el pasado año, el 57% de las solicitudes de información fueron ignoradas. ¿Cómo afectan las leyes de transparencia a los medios de comunicación y el periodismo?
El Informe Tuderechoasaber.es 2013, elaborado por Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio, recoge 654 solicitudes de información válidas durante 2013, de las cuales 375 no obtuvieron respuesta. Esto se traduce en un 57% de demandas de información que fueron ignoradas, una cifra ligeramente mayor que la del año 2012, en el que rondaba el 54%. Las cifras más alarmantes se encuentran en las entidades locales, las cuales ignoraron el 81% de las solicitudes. El informe también recoge a otros organismos como los partidos políticos y sindicatos. Según Tuderechoasaber.es, de las 17 preguntas recibidas, todas fueron ignoradas excepto dos.
La Ley de Transparencia fue aprobada a finales del año 2013, por lo que a finales de 2014 debe de aplicarse correctamente en todos los supuestos que recoge la ley. El segundo apartado del Artículo 15 de esta ley dicta: “Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano”.
Aunque hasta hace unos meses no contáramos con una ley de transparencia en España, sí tenemos una ley que regula las peticiones vinculadas a información medioambiental que entró en vigor en 2006. El informe de Tuderechoasaber.es refleja que las preguntas relacionadas con esta temática han sido igualmente rechazadas. En concreto, de 38 preguntas relacionadas con este ámbito, solo cuatro fueron respondidas satisfactoriamente, el resto fueron ignoradas. Esto demuestra que incluso existiendo una ley que regula el derecho a recibir información de las instituciones, éstas no están respondiendo adecuadamente. Eva Belmonte, responsable de proyectos de la Fundación Ciudadana Civio afirmaba para la APM que “a la espera de que la ley de transparencia se ponga en marcha, la gran mayoría de los organismos públicos demuestra no estar en absoluto preparada para su cumplimiento” y se preguntaba qué ocurre con esas solicitudes vinculadas a información medioambiental, que sí cuentan con una ley en vigor desde julio de 2006.
Parece que una Ley de Transparencia que se aplicara correctamente traería consigo grandes beneficios para las ciudadanas y ciudadanos, pero, ¿cómo afectaría al periodismo? El pasado junio de 2013, Javier de Vega de Civio.es, publicaba un artículo llamado “Periodista, pregúntate que puede hacer una buena ley de transparencia por ti”, en el que analizaba cómo utilizan las y los periodistas extranjeros este tipo de leyes para su beneficio. “El derecho de acceso a la información pública, con leyes que de verdad lo protegen, es un filón de noticias para los medios de comunicación en otros países. No hay más enigma: a más clara, específica y ambiciosa la norma, mayor es el deber de la administración de sacar los datos de su alforja, y mayores las salvaguardas para que tenga que cumplirlo”, afirmaba.
Dicho artículo recoge algunas cifras. Por ejemplo, según Request Initiative, una organización británica sin ánimo de lucro que ayuda a otras ONGs a utilizar la ley de acceso a la información en sus campañas, “las solicitudes de acceso a la información generan más de 200 historias al mes en los periódicos británicos. En los tres primeros años de su entrada en vigor se realizaron más de 500.000 peticiones, y en el 60% de los casos la información fue completamente revelada”. Un ejemplo de esto es el de los periodistas David Barstow y Alejandra Xanic von Bertrab, quienes ganaban el Pulitzer 2013 en la categoría de “Periodismo de Investigación” por un reportaje que desvelaba que la cadena de supermercados Wal-Mart había sobornado a funcionarios mexicanos para obtener permisos, ventajas competitivas y expandirse en el país. Alejandra declaraba que “la historia fue posible gracias a la Ley de Transparencia de México”.
Sin embargo, una inexistente o mala Ley de Transparencia trae consigo opacidad y pérdida de credibilidad y confianza en la clase política. El 10 de abril de 2013, el periodista Ignacio Escolar pedía a los diputados encargados de tramitar la Ley de Transparencia española que incluyesen en su ámbito de aplicación a aquellos medios que reciben dinero público a través de contratos con las administraciones, «Se lo ruego: que los ciudadanos puedan saber quién está consiguiendo cuánto dinero de las administraciones y evitar de paso que ese dinero sirva para debilitar la libertad de prensa y comprar voluntades», afirmaba. De la misma forma, Escolar reclamaba que los parlamentarios “pongan fin a la opacidad en sus relaciones con la prensa” y que “se sometan a ruedas de prensa con preguntas de los periodistas dignas de tal nombre”.
El pasado domingo, el periodista Jordi Évole dedicaba su programa en La Sexta, “Salvados”, a la Ley de Dependencia, y explicaba que ningún políticohabía querido contestar a sus llamadas ni dar explicaciones. En pleno directo, mientras grababan el programa, decidió llamar a Jorge Moragas, Director de Gabinete de Presidencia de Mariano Rajoy. Con motivo de esta llamada, el periodista ha publicado una carta en El Periódico de Cataluña en la que explica por qué lo hizo y se disculpa por haber utilizado un método poco ortodoxo: “Si alguien no quiere ir a un programa tiene la libertad de no hacerlo. Solo faltaría. Pero ustedes son representantes electos, tienen el deber de dar explicaciones, y los medios ejercen de intermediarios entre ustedes y los ciudadanos. Igual es que eso también lo quieren recortar. Llamar sin avisar y grabar (avisando) igual no es muy ortodoxo. Casi tan poco como que nueve compañeros suyos se nieguen a dar explicaciones sobre los recortes en dependencia”, concluía.
La existencia de una Ley de Transparencia es positiva siempre y cuando se haga buen uso de ella y la administración cumpla con su deber de dar respuesta a las y los ciudadanos que envían solicitudes de información. En el ejercicio de la profesión periodística, esta labor de transparencia es, si cabe, más importante, ya que los medios actúan de transmisores de información para la ciudadanía. La no existencia de una ley de este tipo o la negativa de las administraciones a dar respuestas, se entiende en muchos casos como un deseo de ocultar información que no interesa revelar, lo que propicia el conflicto y la falta de confianza en la Administración Pública.
