La inmigración irregular es un lastre cada vez más pesado para Italia, que se ha convertido en el puente hacia Europa para miles de personas procedentes de países como Siria, Somalia o Libia. La crisis económica en el país hace que la capacidad para ofrecer asilo a los inmigrantes sea insuficiente, por lo que la mayoría decide continuar su viaje hacia otras zonas del norte de Europa.
La presidencia de Italia en el Consejo de la Unión Europea finalizaba el pasado mes de diciembre con un gran asunto pendiente: la inmigración ilegal. El pasado año llegaron a las costas italianas más de 160.000 inmigrantes de forma clandestina, más del triple que en 2013. Las cifras reflejan la magnitud de esta crisis y el fracaso de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno italiano con el soporte de la Unión Europea, una ayuda que desde Italia muchas veces ha sido tildada de insuficiente. La comparativa con España es alarmante: durante la crisis de los cayucos de 2005 y 2006 abordaron las costas españolas unos 60.000 inmigrantes de forma ilegal, casi tres veces menos de los que llegaron a Italia en 2014.
La oleada de inmigración en el sur de Italia comenzó en octubre de 2013, cuando fallecieron 366 personas en aguas mediterráneas intentando alcanzar la costa de Lampedusa. Entonces se puso en marcha la operación Mare Nostrum para detectar y asistir a los inmigrantes irregulares en el área central del Mediterráneo. Ese plan, que costaba a Italia 300.000 euros diarios, fue complementado con discretas aportaciones técnicas y humanas de distintos países de la Unión Europea en las operaciones Hermes y Aeneas, más orientadas al control de las fronteras europeas que al salvamento de los inmigrantes.
En enero de 2014 el Senado italiano aceptó el inicio del proyecto para abolir el delito de inmigración clandestina, que fue aprobado definitivamente por la Cámara de Diputados en abril del mismo año. Esto supuso un avance en la protección a los inmigrantes irregulares que llegaban a Italia, que hasta entonces eran detenidos en los Centros de Identificación y Expulsión, donde podían permanecer hasta 18 meses en condiciones insalubres.
A comienzos de noviembre, un año después del inicio de Mare Nostrum, la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras Exteriores, Frontex, unificó las aportaciones de Europa en la Operación Tritón, en la que nueve países cooperarían con medios para controlar el Mediterráneo a 30 millas de las costas italianas (Mare Nostrum lo hacía a 75 millas). Sin embargo, Tritón nacía con insuficientes fondos y, en un contexto de crisis económica y continuas exigencias de austeridad desde Bruselas, la Comisión Europea advertió a Italia de que Tritón no sustituiría la operación italiana y, por tanto, deberían persistir los esfuerzos por parte del gobierno de ese país.
Pero tanto las acciones italianas como las aportaciones europeas han demostrado ser insuficientes, y las oleadas de desembarcos hacia costas italianas siguen repitiéndose a una media de 8.000 inmigrantes al mes desde la aprobación de Tritón, una cifra que da cuenta de que la inmigración irregular amenaza con desbordar la situación en Italia. La crisis económica en ese país lo está convirtiendo en territorio de tránsito hacia países más ricos del norte de Europa, situación que posibilita el Gobierno italiano al conceder un permiso de 30 días a los inmigrantes para dejar voluntariamente el país. Además, de los 160.000 inmigrantes que alcanzaron las costas italianas en 2014, tan solo 45.000 presentaron una solicitud de asilo, mientras que el resto prosiguió su viaje hacia otros países, por lo que el drama de la inmigración en el Mediterráneo se ha convertido en un problema para el conjunto de la Unión Europea, que se enfrenta a la compleja situación de tener que ofrecer asilo a los miles de inmigrantes que asaltan las costas italianas a la vez que intenta hacer frente a la crisis económica que desde 2008 amenaza al bienestar de los ciudadanos europeos.
