Los casos de corrupción con sus consecuentes destituciones y dimisiones han provocado la reestructuración del gobierno de Ankara. El proceso judicial que recae sobre el AKP (Partido de la justicia y el desarrollo) continúa mientras Erdoğan clama la existencia de un complot interno e internacional contra su partido.
El primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan ha tachado de «operación sucia» contra su Gobierno la puesta en marcha de tres procesos judiciales simultáneos sobre casos de soborno y licitación fraudulenta de contratos de construcción. Durante la investigación han sido arrestadas hasta el momento al menos 52 personas, entre los que se incluyen los hijos de los ministros de Interior, Economía y Planificación Urbanística y algunos empresarios y banqueros vinculados al AKP. Por consiguiente, Muammer Güler (Ministro del Interior), Zafer Çaglayan (Ministro de Economía) y Erdogan Bayraktar (Ministro de Urbanismo) han renunciado a su cargo en un ejercicio de protesta contra el proceso judicial que investiga la culpabilidad de sus hijos. El influyente ministro de Asuntos Europeos, Egemen Bagis, también aparece en las actas de investigación policial, según el diario Hürriyet.
La redada policial ha llevado a Erdogan a relevar a diez miembros de su Gabinete, casi la mitad de los 25 ministros de su equipo. Entre los nuevos nombramientos, destaca el nuevo titular de Interior, Efkan Ala, quién fue jefe de gabinete en la presidencia del Gobierno y ahora controlará directamente a la policía. Su primera medida, ha sido prohibir la entrada a los periodistas a las comisarias y destituir a los jefes de cinco departamentos de la Policía en Estambul, incluidos las unidades contra el crimen financiero, el crimen organizado y el contrabando. También se ha establecido la obligación para los agentes de comunicar a sus superiores cualquier investigación que afecte a altos cargos. Esta última medida ha sido bloqueada por el Tribunal Supremo turco por suponer “una clara ruptura del principio de separación de poderes». Erdogan ha respondido reprochando al Alto Consejo de Jueces y Fiscales que se sume a las críticas contra esta orden dirigida a los investigadores.
Algunos medios de comunicación turcos, coincidiendo con el discurso oficial de complot, han relacionado la redada anti-corrupción con la lucha interna por el poder en el islamismo político turco. Se achaca en cierta medida al movimiento religioso y social Hizmet (Servicio en Turco) estar detrás de las investigaciones policiales. Hizmet -fundado por el clérigo islamista moderado Fetullah Gülen, afincado en EEUU desde 1999- fue una de las fuerzas que ayudó a la subida al poder de Erdogan, pero retiró su apoyo al gobierno tras la violenta represión de las manifestaciones en verano. Esta formación, controla numerosas escuelas, universidades privadas y medios de comunicación por lo que su fundador cuenta con seguidores entre los altos cargos de la policía, la judicatura y la fiscalía de Turquía.
La crisis política que sufre el país ha producido fuertes caídas en el mercado bursátil y cambiario. Según el vice primer ministro Bulent Arinz, las pérdidas para la economía del país se cifran en 100.000 millones de dólares. Estos escándalos han afectado también de manera directa a las largas y arduas negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Turquía. Puesto que es requisito indispensable para la entrada en la UE, según los criterios de Copenhague, la existencia de instituciones que garanticen el funcionamiento de la democracia, esto es principalmente, la separación efectiva de poderes y la transparencia de las cuentas públicas.